El exministro de Transportes e histórico político del PSOE, compareció el jueves ante el Tribunal Supremo en una jornada marcada por la expectación mediática y las tensas investigaciones sobre la supuesta trama de comisiones en contratos públicos durante la pandemia conocida como caso Koldo.
PUBLICIDADLa declaración, que se prolongó durante más de tres horas, estuvo rodeada de un fuerte dispositivo de seguridad. Ábalos llegó en taxi a las 9:40 acompañado de su abogado, y abandonó el Alto Tribunal a las 14:50 después de responder a todas las partes, incluida la acusación popular del Partido Popular.
El exministro negó tajantemente haber cobrado cualquier tipo de comisión en el denominado caso Koldo. Fuentes presentes en su declaración destacaron que Ábalos no cargó contra su antiguo asesor Koldo García ni intentó escalar responsabilidades en su testimonio, manteniendo una postura firme y transparente.
Por tanto, ni Koldo ni Pedro Sánchez han sido mencionados o señalados en la comparecencia voluntaria del señor Ábalos, que durante más de tres horas ha estado respondiendo a las preguntas del magistrado y del PP.
La investigación se centra en presuntos delitos de tráfico de influencias, malversación, cohecho y pertenencia a organización criminal relacionados con la adjudicación de contratos de mascarillas durante los momentos más críticos de la pandemia en 2020.
La jornada judicial estuvo marcada por una polémica adicional: el magistrado prohibió la presencia en la sala a seis de las acusaciones populares, permitiendo únicamente la del Partido Popular. Este detalle generó una atmósfera de tensión adicional durante la comparecencia.
Al concluir su declaración, Ábalos se mostró agradecido por la oportunidad de comparecer voluntariamente. Manifestó haber dado las aclaraciones suficientes y se comprometió a entregar documentación oficial que acredite sus actuaciones: "No me he dejado nada en el tintero".
Reacciones políticas ante la declaración
Desde el entorno político, las reacciones no se hicieron esperar. Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial del PSOE, defendió la presunción de inocencia de Ábalos, aunque evitó comprometerse sobre un posible reingreso en el partido en caso de que se demuestre su inocencia.
Torres criticó especialmente la actitud de la oposición, que considera que está tomando como ciertas las acusaciones sin fundamento. Patxi López, portavoz del PSOE en el Congreso, mostró tranquilidad ante la declaración, manifestando que están a la espera de determinar si Ábalos realizó algo ilegal.
Por su parte, el Partido Popular aprovechó la comparecencia para cargar contra Pedro Sánchez. Tanto Cuca Gamarra como Alberto Núñez Feijóo sugirieron que el presidente del Gobierno conocía previamente las irregularidadescuando decidió cesar a Ábalos en el verano de 2021. Feijóo incluso manifestó que "todavía no sabemos por qué el presidente del Gobierno cesó al señor Ábalos y qué información tenía para cesarle".
Fact-checking: Primeras contradicciones en la declaración de Ábalos
Ramón Bermejo, portavoz de Víctor Aldama, ha revelado lo que califica como la "primera mentira en sede judicial" de José Luis Ábalos, tras su declaración en el Tribunal Supremo sobre el caso Koldo.
Durante el programa 'Horizonte', de Iker Jiménez, Bermejo presentó una fotografía que contradice directamente las declaraciones de Ábalos. El exministro había negado reiteradamente conocer a Israel Pilar Ortiz, presidente de Sortis, una empresa de telecomunicaciones. Sin embargo, la imagen muestra a Ábalos y Pilar Ortiz juntos, poniendo en duda su anterior testimonio.
La importancia de esta revelación radica en que la empresa de Sortis está vinculada con Correos en "un contrato millonario", lo que podría ser significativo para la investigación. Bermejo sugiere que esta prueba puede arrojar luz sobre aspectos que Ábalos ha negado previamente. La fotografía parece contradecir las múltiples veces que Ábalos repitió: "No lo conozco, no lo conozco" durante su declaración en el Supremo, cuando se le preguntó específicamente por su relación con Israel Pilar Ortiz.
El caso mantiene en vilo a la clase política española, con especial atención a las posibles ramificaciones que puedan derivarse de esta investigación sobre contratos públicos durante un período tan crítico como el inicio de la pandemia de COVID-19.