La esposa del presidente de España, Pedro Sánchez, acudió ayer a declarar en el caso contra su persona por tráfico de influencias y corrupción. La comparecencia se ha pospuesto al día 19 de julio.
PUBLICIDADBegoña Gómez, esposa del presidente de España, Pedro Sánchez, compareció ante un juez investigador el viernes como parte de una investigación sobre alegaciones de que utilizó su posición para influir en acuerdos comerciales. El juez, sin embargo, pospuso una audiencia para interrogarla hasta el 19 de julio.
Hubo un pequeño grupo de manifestantes en las afueras de los juzgados protestando contra Begoña Gómez y el supuesto caso de corrupción.
Gómez aún no ha hablado sobre la investigación que se hizo pública en abril, pero Sánchez ha defendido repetidamente su inocencia y calificó la investigación como una "campaña difamatoria" destinada a dañar al gobierno de coalición de izquierda de España liderado por su partido socialista. La investigación se basa en acusaciones contra Gómez presentadas por un grupo llamado Manos Limpias.
Manos Limpias se describe a sí mismo como un sindicato, pero su principal actividad es como una plataforma que persigue casos legales. Muchos de estos casos han estado vinculados a causas de derecha dirigidas a políticos de izquierda, y la mayoría de ellos no tienen éxito.
Begoña Gómez, de 49 años, no ocupa un cargo público y mantiene un perfil político bajo. Estudió marketing y ha estado involucrada en proyectos de recaudación de fondos y organizaciones no gubernamentales.
Después de que se lanzó la investigación, Sánchez sorprendió al país al decir en una carta abierta publicada en redes sociales que contemplaría renunciar debido a lo que llamó un "ataque sin precedentes" contra su esposa. Después de cinco días de mantener a España en suspenso, anunció que estaba más convencido que nunca de que debería permanecer en el cargo.
Dijo que lideraría lo que describió como un "reconocimiento nacional" sobre el impacto de las noticias falsas en la política. La oficina de fiscales públicos de España recomendó que se desechara la investigación, pero un tribunal provincial dictaminó que el juez de primera instancia podría continuar con la investigación.