La nueva normativa sobre deportaciones representa el primer resultado tangible de la tendencia a la externalización que los líderes de la UE aprobaron el año pasado.
PUBLICIDADLa Comisión Europea presentó este martes un nuevo reglamento que, de aprobarse, permitirá a los Estados trasladar a los solicitantes de asilo rechazados a países lejanos por donde nunca hayan pasado, lo que supone un giro de calado en la política migratoria.
La norma no llega a establecer un programa obligatorio de construcción de centros de deportación (o "centros de retorno", como los llama Bruselas), pero sienta las bases jurídicas necesarias para que los gobiernos puedan llegar a acuerdos con naciones de fuera del bloque que podrían estar dispuestas a acoger a inmigrantes a cambio de incentivos económicos.
El traslado físico solo se producirá una vez que el solicitante haya agotado todas las vías legales para obtener protección internacional y haya recibido una orden de retorno definitiva. La normativa presentada supone el primer resultado tangible del impulso a la externalización que los líderes de la UE aprobaron en una cumbre decisiva celebrada en octubre. En aquella ocasión, los jefes de Estado y de Gobierno acordaron explorar "nuevas formas de prevenir y combatir la inmigración irregular", una formulación amplia pero vaga que ha dado a Bruselas permiso para adentrarse en territorios inexplorados.
Con su propuesta, la Comisión da un paso más hacia la externalización al redefinir lo que significa en la práctica "país de retorno". Según las normas actuales, los Estados pueden enviar a los solicitantes de asilo rechazados a su país de origen, a un país de tránsito que tenga un acuerdo de reisión o a cualquier otro país si el migrante consiente "voluntariamente". En la nueva normativa, el consentimiento queda erosionado y se amplían las modalidades de traslado para permitir a los países de la UE llegar a acuerdos con terceros países y construir centros de deportación.
La Comisión no dirigirá la construcción ni la gestión de estas instalaciones, sino que dejará que los gobiernos decidan si quieren seguir adelante con el proyecto, que se prevé costoso, logísticamente difícil y políticamente controvertido. Aun así, no se descarta la posibilidad de un plan a escala de la UE.
Italia, Dinamarca y Países Bajos han liderado los debates sobre la externalización y parecen ser los candidatos más probables a seguir adelante. Italia estaría estudiando un plan para convertir sus centros de Albania, destinados a tramitar las solicitudes de asilo, en auténticos "centros de retorno". Los centros albaneses están actualmente vacíos tras quedar paralizados por acciones judiciales.
Las organizaciones humanitarias denuncian que el plan conducirá a violaciones de derechos humanos
El reglamento, sin embargo, establece los criterios mínimos que deben cumplir estos centros, como un organismo independiente que supervise la "aplicación efectiva" del acuerdo, una exención para los menores no acompañados y las familias con niños, y una definición clara de las responsabilidades para hacer frente a posibles violaciones de los derechos humanos.
Estas violaciones son inevitables, han venido advirtiendo las organizaciones humanitarias desde la cumbre de octubre. En su opinión, el envío de emigrantes, sin su consentimiento, a países lejanos dará lugar a una supervisión insuficiente y a unas condiciones deficientes, lo que creará un terreno fértil para que se produzcan violaciones de los derechos humanos que quedarán impunes.
Las ONG también han dado la voz de alarma sobre el uso generalizado de la detención que exigirá la externalización, ya que los solicitantes de asilo deberán permanecer físicamente dentro de las instalaciones. La ley presentada este martes prevé una amplia lista de motivos para dejar detenidos a los solicitantes de asilo rechazados, con una duración máxima de dos años "en un Estado miembro determinado". No fija un máximo para la retención en un centro en el extranjero, que deberá determinarse en un acuerdo bilateral y "podrá ser a corto o largo plazo".
La pieza que faltaba
El Reglamento de Retorno pretende colmar la laguna que deja el Pacto de Migración y Asilo, la reforma integral que la UE aprobó el año pasado tras casi cuatro años de reñidas negociaciones. El Pacto establece normas comunes para la acogida y gestión de los solicitantes de asilo, con un sistema de "solidaridad obligatoria" para garantizar que todos los gobiernos, del Norte al Sur, ayuden a compartir la carga.
Pero la revisión no aborda la cuestión de los retornos, la última etapa del proceso para los solicitantes de asilo cuyas solicitudes son rechazadas y que ya no tienen derecho a permanecer en suelo europeo. Un intento anterior de renovar la legislación vigente se atascó en el Parlamento Europeo y nunca vio la luz.
Durante años, el bloque ha luchado por acelerar el ritmo de deportaciones efectivas, que fluctúa entre el 20% y el 25%, sin avances visibles. Las ONG han advertido de que los datos que sustentan la tasa de retorno son incompletos y no deben utilizarse para orientar la elaboración de políticas. Las razones del estancamiento tienen que ver con la falta de cooperación entre solicitantes de asilo y autoridades, entre los propios Estados y, sobre todo, entre estos y los países de origen, que a menudo se niegan a acoger de vuelta a sus nacionales.
Dado que las fuerzas de extrema derecha explotan la cuestión de la inmigración irregular para obtener beneficios electorales, los Estados presionaron a la Comisión para que presentara un texto más estricto y rompiera el tabú de décadas sobre la externalización.
La respuesta de Bruselas parece cumplir el encargo: además de consagrar en la ley el permiso para construir centros de deportación en naciones lejanas, el reglamento propuesto establece obligaciones que los solicitantes de asilo rechazados deben respetar, como facilitar su identificación personal, datos biométricos, detalles de o e información sobre los países por los que transitaron.
Los migrantes deben permanecer disponibles en todo momento durante el proceso de retorno y permitir que se registren sus pertenencias si es "necesario y está debidamente justificado", dice la ley. Quienes incumplan estas obligaciones podrían ver cómo se les retiran las prestaciones sociales, se les confiscan los documentos de viaje y se les revocan los permisos de trabajo. También podrían enfrentarse a prohibiciones prolongadas de entrada en la UE en el futuro e incluso a "sanciones económicas", que el texto no detalla.
Las ONG critican el enfoque "punitivo" y la falta de consultas
Además, la ley establece un procedimiento acelerado para detener y expulsar a los solicitantes de asilo que se considere que plantean "riesgos para la seguridad". Las ONG han denunciado este enfoque "punitivo", argumentando que perjudicaría los derechos de los solicitantes de asilo, reforzaría "estereotipos peligrosos" y difuminaría la línea entre migración y derecho penal. El hecho de que la Comisión no llevara a cabo una evaluación de impacto antes de presentar el reglamento ha alarmado a la sociedad civil, que considera que la legislación se ha precipitado bajo presión política y sin una consulta significativa.
En cambio, la acogida política se prevé más calurosa. El Consejo y el Parlamento, los dos colegisladores que negociarán el proyecto de ley, han girado notablemente a la derecha en los últimos años, exigiendo una línea más dura para frenar la inmigración irregular. Las solicitudes de asilo en la UE, Noruega y Suiza disminuyeron un 11% en 2024, pero se mantuvieron por encima del millón.
Lukas Mandl, eurodiputado conservador austríaco, elogió la propuesta de la Comisión como "realmente impresionante" y "muy buena", incluido el elemento de externalización, y predijo que sería adoptada por una "amplia mayoría" en el Parlamento. "Estoy seguro de que tendremos un reglamento adecuado y bueno", dijo Mandl a 'Euronews'.
Por su parte, la socialista italiana Cecilia Strada criticó cómo la Comisión ha retocado las definiciones legales para permitir el traslado de inmigrantes a países con los que "no tienen ningún tipo de conexión y donde pueden, potencialmente, quedarse para siempre", a lo que añadió que "este no es el camino que nos apetece seguir". Además, el reglamento prevé el reconocimiento mutuo de las órdenes de expulsión entre los Estados para permitir que las decisiones se ejecuten directamente.