Las protestas masivas desencadenadas por la detención de Ekrem Imamoglu se producen en un momento en que la UE trata de profundizar sus relaciones con Erdogan en relación con Siria y Ucrania.
La detención de Ekrem Imamoglu, alcalde socialdemócrata de Estambul y principal alternativa opositora al presidente turco, plantea interrogantes sobre la adhesión de Turquía a su "arraigada tradición democrática", tal y como ha expresado la portavocía de la Comisión Europea, que no ha llegado a condenar la detenciónexplícitamente, ni mucho menos a plantear sanciones al Ejecutivo de Recep Tayyip Erdogan.
Imamoglu está encarcelado a la espera de juicio por supuestos cargos de corrupción y vínculos con el partido kurdo PKK, el cual está demonizado por el partido gobernante turco. "Como candidato a la Unión Europea, Turquía debe defender los valores democráticos. Los derechos de los cargos electos, así como el derecho a manifestarse pacíficamente, deben respetarse plenamente", ha declarado este lunes un portavoz de la Comisión. "Queremos que Turquía siga anclada a Europa, pero eso requiere un compromiso claro con las normas y prácticas democráticas. Y es clave que Turquía respete esos principios fundamentales", ha añadido el portavoz.
Las autoridades turcas encarcelaron a Imamoglu el pasado domingo. Tanto el alcalde de la ciudad euroasiática -la más importante de Turquía- como sus abogados han rechazado las acusaciones, calificándolas de inventos políticamente motivados. Posteriormente, el ministro del Interior lo destituyó de su cargo como "medida temporal" tras serle retirado su título universitario, lo que ya lo invalidaba virtualmente como candidato electoral. "Hoy, Turquía se ha despertado bajo una profunda traición. El proceso judicial en curso está lejos de ser justo: es una ejecución sin juicio", escribió Imamoglu en las redes sociales.
La detención del alcalde ha desencadenado protestas masivas en toda Turquía: se cree que son las mayores manifestaciones en más de una década. Imamoglu, miembro del socialdemócrata Partido Republicano del Pueblo (CHP), estaba considerado como uno de los principales aspirantes a las elecciones presidenciales de 2028. En unas primarias celebradas el domingo, días después de la detención, fue elegido candidato principal del CHP con los votos de 1,7 millones de del partido y 13,2 millones de no . El CHP es el segundo partido más grande del Parlamento turco tras la formación del presidente, AKP. Erdogan tiene un mandato limitado y técnicamente no podría volver a presentarse en 2028, a menos que modificase la Constitución para permitirse un tercer mandato.
La oposición ha descrito el encarcelamiento de Imamoglu como un acto de represalia de Erdogan para desbaratar las esperanzas electorales de su mayor contrincante. El Gobierno rechaza esta acusación e insiste en que los tribunales turcos son independientes. El Consejo de Europa, organización de derechos humanos con sede en Estrasburgo, ha condenado la detención de Imamoglu y ha exigido su liberación inmediata. "Se trata de una maniobra calculada para socavar la integridad y la imparcialidad de los procesos electorales y equivale a un asalto a la democracia", ha declarado en un comunicado el presidente del Congreso de Poderes Locales y Regionales del Consejo de Europa, Marc Cools, quien ha añadido que las acusaciones de corrupción y terrorismo contra el alcalde ahora convicto parecen ser una farsa.
El ministro francés de Asuntos Exteriores también se ha mostrado muy crítico con la situación, instando a Turquía a respetar los compromisos legales que tiene como país candidato a la UE. El Ministerio de Asuntos Exteriores alemán ha calificado la detención de revés para la democracia. "La competición política no debe llevarse a cabo a través de tribunales y prisiones", ha declarado un portavoz del Gobierno federal en funciones. "Esperamos que las acusaciones se investiguen de forma transparente lo antes posible y que los procedimientos se lleven a cabo sobre la base del Estado de Derecho".
Acercamiento gradual
Pero en la sala de prensa de la Comisión Europea, la reacción fue notablemente más comedida, en un reflejo de los equilibrismos que Bruselas intenta realizar con Ankara. La importancia estratégica de Turquía para el bloque se ha visto amplificada por dos acontecimientos geopolíticos recientes: la caída de Bashar al-Assad en Siria y las negociaciones lanzadas por Donald Trump para poner fin a la guerra de Rusia contra Ucrania.
El presidente Erdogan ha expresado interés en la coalición de voluntarios que Francia y Reino Unido han establecido para ofrecer garantías de seguridad a Kiev y salvaguardar un posible acuerdo con Moscú. Turquía tiene el segundo Ejército más grande de la OTAN y goza de una ubicación estratégicamente valiosa en el mar Negro.
Erdogan ha participado en varias reuniones virtuales con dirigentes europeos. La última el viernes, cuando fue informado por Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea; António Costa, presidente del Consejo Europeo; y la alta representante Kaja Kallas sobre los resultados de una cumbre de la UE en Bruselas. Además, la Comisión Europea tiene previsto celebrar en las próximas semanas dos diálogos de alto nivel con Turquía centrados en la economía y la migración.
Ante la pregunta de si el encarcelamiento de Imamoglu y las protestas masivas harían que Bruselas reconsiderara su acercamiento a Ankara, los portavoces de la Comisión han respondido lo siguiente: "Estamos siguiendo muy de cerca la situación en Turquía, pero no puedo decirle más (...) Nuestra postura es muy clara".
Turquía fue declarada país candidato en 1999, pero su adhesión se ha visto entorpecida por retrocesos democráticos y dudas sobre la "capacidad de absorción" del bloque. Las negociaciones quedaron oficialmente en suspenso en 2018, dos años después de un intento de golpe de Estado que vio a Erdogan reforzar su control del poder y sofocar las voces de la oposición.
En su último informe sobre la ampliación, la Comisión detectó numerosas deficiencias y una falta generalizada de reformas en el ámbito de la democracia y los derechos fundamentales. "El sistema presidencial sigue caracterizándose por la falta de controles y equilibrios", afirma el informe. "La presión del Gobierno sobre los alcaldes de los partidos de la oposición sigue debilitando a la democracia local".