En unas recomendaciones no vinculantes presentadas ante el Tribunal de Justicia de la UE, los funcionarios comunitarios consideran que el principal argumento esgrimido por el PSOE y Junts después de las elecciones del 23-J no está fundamentado.
PUBLICIDADVarios medios de comunicación en España publicaron en la mañana de este martes la filtración de un documento no vinculante destinado para el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en cuyas observaciones se señala que la amnistía promovida por el presidente del Gobierno Pedro Sánchez para determinados políticos, funcionarios y ciudadanos catalanes vinculados al 'procés' (el proceso independentista catalán) "no responde a un objetivo de interés general reconocido por la Unión".
El extenso documento, que responde a una cuestión prejudicial promovida por el Tribunal de Cuentas, rechaza la principal tesis del Gobierno de Sánchez para promover la amnistía: la distensión en la sociedad catalana como un acto de interés público para Cataluña y el Estado. "El principio de proporcionalidad exige que, en cada caso concreto, la amnistía propuesta sea un medio adecuado para alcanzar en última instancia un objetivo legítimo", dice el texto.
Una "autoamnistía"
Los abogados de la Comisión consideran que la ley "parece ser una autoamnistía". Explican que, si se rechazan las autoamnistías por ser contrarias al Estado de derecho, "el mismo criterio habría que aplicar cuando quien está en el Gobierno garantiza la impunidad de sus socios a cambio del apoyo parlamentario".
El documento sostiene que el 'procés' no comprometió los intereses financieros de la Unión Europea. También cuestiona la rapidez con la que se adoptó, y critica el procedimiento utilizado para aprobarla. La Comisión Europea señala que se tramitó por la vía de urgencia, sin consulta pública ni intervención de órganos consultivos independientes, lo que, a su juicio, vulnera "principios básicos del Estado de derecho". En concreto, advierte que la rapidez en la tramitación puede afectar a la independencia judicial y al principio de separación de poderes.
La ley de amnistía fue impulsada tras las elecciones del 23 de julio de 2023 como parte de un complejo acuerdo con el partido independentista Junts (Juntos por Cataluña), cuyo apoyo (seis votos clave) resultó imprescindible para que Pedro Sánchez pudiera revalidar su mandato. Su aplicación definitiva, sin embargo, dependerá de futuras decisiones del Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
El TJUE se pronunciará en julio
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea celebrará una vista conjunta el 15 de julio para examinar las distintas cuestiones prejudiciales elevadas desde varios órganos judiciales españoles. Aunque su dictamen no será inmediato, se espera que influya decisivamente en la aplicación de la ley, pues su resolución será vinculante.
Paralelamente, el Tribunal Constitucional español se encuentra en la fase final del análisis del recurso presentado por el Partido Popular. El fallo podría conocerse a partir del 24 de junio, y será clave para determinar si la norma vulnera la Constitución, más allá de las objeciones planteadas por Bruselas.