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El fiscal general García Ortiz, imputado por la filtración de datos de la pareja de Ayuso

García Ortiz, Fiscal General del Estado, en una imagen de archivo
García Ortiz, Fiscal General del Estado, en una imagen de archivo Derechos de autor Consejo de Estado
Derechos de autor Consejo de Estado
Por Javier Iniguez De Onzono & Euronews en español
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El Tribunal Supremo también investiga a la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, tras la filtración de parte del proceso judicial al que está sometido la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

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La Sala de lo Penal ha acordado por unanimidad abrir una causa contra Álvaro García Ortiz por un presunto delito de revelación de secretos tras la difusión de datos sobre el proceso judicial al que está sometido la pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.

El Tribunal también investiga a la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, quien supuestamente envió al fiscal general del Estado datos para elaborar una nota de prensa explicando parte del proceso. Aunque Rodríguez Fernández no tiene la condición de aforada, el auto explica que ambos comportamientos -el del fiscal general y el de ella- guardan una conexión que impide que ambas causas se investiguen por separado.

El auto responde a la querella formalizada por Alberto González Amador, pareja de Díaz Ayuso, por revelación de secretos. Los hechos ocurren tras la divulgación de una nota de informativa el pasado 14 de marzo donde se detallaba la cronología de las diligencias penales de investigación relativas a este particular. En concreto, la filtración revelaba un pacto entre la Fiscalía provincial de Madrid y la representación legal de González Amador donde este último asumía la comisión de dos delitos fiscales “reconociendo íntegramente los hechos” y se comprometía a pagar la cuota e intereses de demora.

¿Qué alega la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo?

El TS, único órgano competente para investigar a García Ortiz por su condición de aforado, pretende dilucidar si la conducta de este y la fiscal jefa provincial de Madrid supuso una vulneración de los derechos de González Amador. Los investigados, afirma el Tribunal en un comunicado, podrían haber incurrido en un delito tipificado por el artículo 417 del Código Penal, que castiga a la autoridad o funcionario público que revelase secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de oficio o cargo y que no deban ser divulgados.

La Sala reconoce que "no hay información indebidamente revelada" en la nota de prensa que ayudó a redactar Rodríguez Fernández. Sin embargo, sí señala que horas antes de la publicación de esa nota de prensa, las informaciones contenidas en esa nota informativa ya habían sido filtradas a distintos medios de comunicación entre los días 12 y 13 de marzo.

“La revelación del correo del día 2 de febrero de 2024 no llevada a cabo conforme a los parámetros de la Ley de Enjuiciamiento Criminal puede tener repercusión en el derecho a la presunción de inocencia", concluye el comunicado de la Sala de lo Penal.

¿Por qué se investiga a la pareja de Díaz Ayuso?

La Fiscalía Provincial de Madrid investiga desde el pasado mes de marzo a Alberto González Amador y a otras cuatro personas por defraudar 350.951 euros a Hacienda entre 2020 y 2021 a través de una trama de facturas falsas y sociedades pantalla. Los cinco particulares están acusados de orquestar dos supuestos delitos contra la hacienda pública y falsedad documental al aportar facturas que no se correspondían con los servicios realmente prestados, “con la finalidad de minorar la cuota tributaria a satisfacer”.

La Fiscalía recibió el pasado 22 de enero un informe de la Agencia Tributaria en el que se detallaban las supuestas actividades irregulares de la empresa Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el Medioambiente, de la que González Amador era único durante los ejercicios fiscales 2020 y 2021.

García Ortiz rechaza dimitir: "Mi continuidad en el cargo es lo menos gravoso para la institución"

El fiscal general ha reaccionado a su condición de investigado poco después de la publicación de la nota informativa de la Sala de lo Penal, defendiendo su continuidad para proteger el prestigio de la institución. "La Fiscalía está para informar de los asuntos relevantes (...) más aún en un caso en el que con bulos o falsedades se compromete su imagen y la de sus integrantes", ha expresado esta mañana.

El PP pide la dimisión del fiscal y el Gobierno apoya a García Ortiz

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha exigido la dimisión inmediata del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz: "No puede seguir ni un minuto más en el cargo, no puede seguir el fiscal general del Estado contaminando todo lo que hace la Fiscalía en nuestro país”, ha afirmado la número dos del PP.

Por su lado, el Gobierno ha expresado su respaldo al fiscal. María Jesús Montero, vicepresidenta primera del Gobierno, ha defendido la continuidad de García Ortíz: "Yo defiendo no solo la profesionalidad, la honorabilidad del señor García, sino todo el trabajo que viene realizando al servicio de España", ha manifestado en el Congreso de los Diputados.

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha mostrado su respeto a resolución judicial, si bien ha mostrado su "total respaldo" a la labor del fiscal general del Estado al frente de la Fiscalía "persiguiendo el delito".

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