En la burbuja de Bruselas se habla mucho del Pacto Verde Europeo y de otras palabras de moda, pero ¿cómo afectan realmente estas cosas a los ciudadanos de la UE en su vida diaria?
PUBLICIDADSe acercan las elecciones europeas y, con ellas, las habituales quejas por la falta de interés del electorado.
La Unión Europea es un gigante, implicado en tantas cosas que incluso a los más entusiastas de la política les resulta difícil seguirle la pista.
En vísperas de las elecciones de junio, prepárate para ver campañas ingeniosas de las instituciones y políticos pronunciando discursos explicándote por qué debes votar.
Sin embargo, a veces, desgranar un ejemplo sencillo puede ser la forma más eficaz de destacar el impacto de la UE en nuestras vidas.
¿Qué son las zonas de bajas emisiones?
Un ejemplo de una iniciativa de la UE que afecta a la mayoría de los europeos es el transporte y la organización de nuestras ciudades.
Si has viajado por Europa en los últimos años, es probable que te hayas topado con pegatinas circulares de colores brillantes en los parabrisas de los coches.
Las pegatinas pequeñas son cada vez más comunes y muestran el impacto medioambiental de un vehículo para demostrar que el propietario tiene permiso para conducir en la zona.
Forman parte de los planes de zonas de bajas emisiones que tienen como objetivo mantener los automóviles más contaminantes fuera de la ciudad para mejorar la calidad del aire. Por lo general, esto se hace cobrando una tarifa por la entrada de estos vehículos (que en su mayoría son automóviles antiguos) o simplemente prohibiéndolos rotundamente.
¿Por qué son controvertidas las zonas de bajas emisiones en Europa?
Las zonas de bajas emisiones también se han convertido en un campo de batalla político en algunos estados , en el que la «libertad personal» se enfrenta al «bien común».
Afirma que, a pesar de la oposición, la ciencia es clara: la calidad de vida de las personas puede mejorarse mediante zonas de bajas emisiones.
La contaminación del aire mata a miles de personas cada año
El 97 por ciento de los ciudadanos de la UE que viven en zonas urbanas están expuestos a una contaminación del aire que supera las directrices de la Organización Mundial de la Salud.
En una conferencia sobre ciudades saludables celebrada en Bruselas la semana pasada, Zorana Jovanovic Andersen, profesora de epidemiología ambiental en la Universidad de Copenhague, expuso los impactos de esta situación en la salud.
La contaminación del aire en Europa provoca cada año más de 300.000 muertes prematuras. La mala calidad del aire también es responsable del 20 al 25 por ciento de las muertes por enfermedades cardiovasculares y del 10 por ciento de los casos de cáncer de pulmón.
Eso es antes de examinar su relación con la inflamación cerebral y la creciente evidencia entre la mala salud mental y la mala calidad del aire.
Además, uno de los grupos más afectados son las personas mayores, por lo que una población que envejece es una población vulnerable.
Dados estos impactos en la salud y el medio ambiente, la UE ha estado legislando continuamente en la zona.
Aquí es donde podemos empezar a establecer el vínculo entre la legislación y la regulación a nivel de la UE y su impacto en la vida cotidiana.
¿Cómo legisla la UE?
El bloque introdujo su primera directiva sobre la calidad del aire para abordar este problema en 1980. A lo largo de los años, se han introducido directivas posteriores para abordar otros contaminantes y actualizar y reforzar las normas de calidad del aire y los requisitos de control, incluida una nueva versión aprobada la semana pasada.
Las directivas establecen ciertos objetivos u objetivos finales legalmente vinculantes, pero los estados tienen flexibilidad a la hora de alcanzarlos.
Es a través de estas leyes que se han establecido los límites a los contaminantes.
Los estados desempeñaron un papel en la negociación de la versión reciente después de que la Comisión Europea la propusiera por primera vez. El Parlamento Europeo también participó en el proceso.
Una vez adoptadas las directivas, los estados están obligados a adoptar las normas y convertirlas en parte de sus propias leyes nacionales, ponerlas en práctica, garantizar su cumplimiento e informar a la UE sobre cómo han aplicado la directiva.
En el caso de las zonas de bajas emisiones, pasaron a formar parte de muchos de los planes de calidad del aire que los estados se han visto obligados a crear a medida que el bloque intenta combatir la contaminación.
¿Por qué una ciudad española está desmantelando los carriles bici?
España es un país que realmente se ha inclinado por la medida como una forma de combatir la contaminación. En un intento por mantenerse dentro de los objetivos de la UE, aprobó una ley climática en 2021 que obligaba a todas las ciudades de más de 50.000 habitantes a introducir una zona de bajas emisiones.
El país recibió 1.500 millones de euros de financiación de la UE para ayudar a la implementación de estas zonas y a la transformación sostenible del transporte. Sin embargo, no ha sido un camino fácil.
La mayoría de las ciudades aún no lo han hecho a pesar de las amenazas de financiación y algunos municipios están frenando de golpe sus planes. Incluso se ha llegado a desmantelar los carriles bici instalados recientemente para dar cabida mejor a los coches. Esto ha llevado a la Comisión Europea a abrir una investigación preliminar sobre el posible uso indebido de fondos.
"La derecha y la extrema derecha utilizan el automóvil como símbolo de su forma de entender la libertad", afirma Duce.
Sin embargo, la resistencia no es solo un fenómeno español. También ha habido protestas por la introducción de zonas de bajas emisiones en Bélgica y Alemania.
Los opositores dicen que las multas afectarán más duramente a los más pobres y que las zonas son un ataque a las libertades personales.
En cierto modo, es un microcosmos de la reacción negativa al Pacto Verde Europeo cuando el continente se prepara para las elecciones europeas.
Si bien la gente seguirá defendiendo y rechazando las zonas de bajas emisiones, su implementación es un claro ejemplo de la influencia que la UE puede tener a nivel nacional, local y personal.