Los países que se arriesguen a socavar el Pacto de Migración se enfrentarán a consecuencias legales, han asegurado las autoridades comunitarias en una clara advertencia al Gobierno polaco.
PUBLICIDADLa Comisión Europea ha endurecido su línea oficial sobre Polonia y se ha comprometido a emprender acciones legales contra el país si incumple, como ha amenazado abiertamente, el Pacto sobre Migración y Asilo. El acuerdo consta de cinco leyes independientes, pero interrelacionadas que establecen normas para que los 27 Estados gestionen colectivamente la llegada de nuevos solicitantes de asilo. Se aprobó en mayo de 2024 y está previsto que entre en vigor a mediados de 2026.
"Una vez adoptado, el derecho de la Unión Europea es vinculante en todos los Estados afectados y, una vez que entre en aplicación, los instrumentos jurídicos del pacto serán vinculantes en todos los Estados ", señaló un portavoz de la Comisión Europea este lunes por la tarde.
"Si un Estado miembro corre el riesgo de retrasar o incluso socavar la aplicación del acuerdo, la Comisión deberá tomar las medidas necesarias", añadió. Estas declaraciones suponen un giro con respecto a la semana pasada, cuando Magnus Brunner, comisario europeo de Asuntos de Interior y Migración, fue preguntado por 'Euronews' si se comprometería a emprender acciones legales contra Polonia por un posible incumplimiento.
Brunner, que se había comprometido a hacerlo durante su audiencia de confirmación en el pasado mes de noviembre, evitó por completo la pregunta. En su lugar, elogió las acciones del Gobierno polaco sobre el terreno. "Polonia es muy activa en su presidencia en estos temas cuando se trata de devoluciones, o de otros asuntos como el armamento", indicó el comisario. "Creo que Polonia es un socio muy importante en ese frente y está haciendo un trabajo muy activo al frente de la presidencia semestral del Consejo de la UE. Lo demás está dicho", añadió.
Brunner habló a continuación con Tomasz Siemoniak, ministro del Interior de Polonia, quien afirmó que la aplicación del pacto "no era posible" en su país por motivos de seguridad. Siemoniak citó los argumentos anteriores expresados por su primer ministro, Donald Tusk. A principios del pasado mes de febrero, Tusk indicó a Ursula von der Leyen, principal defensora del Pacto de Migración, que Polonia se encontraba en una "posición particular" debido a los flujos migratoriosinstrumentalizados por Bielorrusia en la frontera oriental polaca y a la llegada masiva de ucranianos que huían de la guerra que libran contra Rusia.
"Polonia no aceptará ninguna carga relacionada con el mecanismo de reubicación. No se trata de un debate ideológico", señaló Tusk, refiriéndose a la "enorme" presión migratoria. "Si alguien dice que se espera que Polonia asuma una carga adicional, independientemente de quién lo diga, mi respuesta es que Polonia no aceptará una carga adicional", declaraba.
Tras los comentarios de Tusk que acapararon titulares, la Comisión Europea negó comprometerse con una posible demanda, afirmando que "no tiene por costumbre responder a preguntas especulativas". El Ejecutivo ya estaba bajo escrutinio por dar marcha atrás en la suspensión del derecho de asilo, una opción radical que Varsovia contempla en su frontera con Bielorrusia.
Posibles sanciones por incumplimiento de la legislación comunitaria
La semana pasada, durante la rueda de prensa conjunta de Brunner y Siemoniak, se produjo una dinámica similar de falta de compromiso. Este lunes, la Comisión Europea trató de disipar cualquier duda sobre su postura. "Si se infringe la legislación de la UE, es prerrogativa de la Comisión abrir un procedimiento de infracción", señaló el portavoz jefe, indicando que esto solamente ocurriría si se produjera la peor situación. Es decir, el incumplimiento.
Los procedimientos de infracción pueden acabar en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que tiene potestad para imponer multas diarias a los países que incumplan la legislación de la UE, como hizo Polonia en el pasado. El pilar central del Pacto de Migración es un novedoso mecanismo de "solidaridad obligatoria" que ofrecerá a los Gobiernos tres opciones distintas: reubicar a un determinado número de solicitantes de asilo, pagar una contribución financiera o proporcionar apoyo operativo, como personal y equipos.
Las reubicaciones deben alcanzar los 30.000 inmigrantes al año en todo el bloque comunitario, y las contribuciones financieras deben ascender a 600 millones de euros. Desde el principio hasta el final de las negociaciones, Polonia, junto con Hungría, se opuso firmemente al mecanismo de solidaridad, alegando que les obligaría a acoger inmigrantes contra su voluntad. Esta afirmación ignora el hecho de que el pacto ofrece dos opciones adicionales para gestionar la situación de los solicitantes de asilo. La legislación ofrece exenciones parciales o totales a los países sometidos a presión migratoria. Ursula von der Leyen ha insinuado enérgicamente que Polonia se beneficiaría de esta exención.