Los datos obsoletos y la falta de priorización de las zonas de riesgo por parte de los Estados hacen que el dinero de la UE destinado a la lucha contra los incendios forestales no siempre se gaste eficazmente sobre el terreno.
PUBLICIDADLa falta de datos cartográficos actualizados hace ineficaz la lucha contra los incendios forestales en Europa, según afirma el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) en un informe publicado el miércoles. El informe analiza la forma en que algunos Estados utilizan los fondos de la UE para prevenir los incendios forestales. Aunque reconoce importantes inversiones en prevención, el TCE señala que los datos utilizados están desfasados y hay poco seguimiento del impacto real del gasto.
El informe examinó proyectos financiados desde 2014 a través de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos y el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (FRR) en Grecia, España, Polonia y Portugal. Los auditores concluyeron que los proyectos seleccionados para recibir fondos de la UE no siempre se dirigen a las zonas donde el impacto será mayor.
Por ejemplo, se descubrió que en Grecia la lista de zonas propensas a incendios forestales tiene más de 45 años, mientras que en Portugal se dio prioridad a efectos de incendios forestales a una zona parcialmente inundada, porque el mapa de peligrosidad estaba anticuado y no incluía una presa construida varios años antes.
"La nota positiva es que la UE destina más fondos a la prevención de incendios. Sin embargo, la forma en que se seleccionan los proyectos financiados por la UE significa que el dinero no siempre va a parar allí donde podría marcar la mayor diferencia. Poco se sabe de los resultados de estos proyectos financiados y, una vez finalizado el proyecto, no está claro si las actividades continuarán", declaró en rueda de prensa Nikolaos Milionis, miembro del TCE responsable de la auditoría.
En algunas regiones de España, mientras tanto, el presupuesto se repartió por igual entre todas las provincias, independientemente de los riesgos y las necesidades. Los tres países, junto con Francia, figuran tradicionalmente entre los más afectados por los incendios forestales en la UE.
Los incendios forestales se han intensificado en los últimos años, con una media anual de más de 5.200 kilómetros cuadrados pasto de las llamas en los últimos cuatro años en los 27 países de la UE. Los Estados han centrado cada vez más sus esfuerzos en medidas preventivas. En Portugal, por ejemplo, el porcentaje gastado en prevención pasó del 20% en 2017 al 61% en 2022, según el TCE.
Falta de información sobre el impacto real de los fondos de la UE
Sin embargo, los auditores no pudieron calcular la cantidad exacta de fondos de la UE gastados por los Estados en incendios forestales debido, en parte, a que los gobiernos no están obligados a diferenciar entre los distintos tipos de catástrofes naturales a la hora de informar a la Comisión Europea sobre las cantidades gastadas.
Por ello, los auditores afirman que se desconoce el impacto real de los fondos de la UE en la lucha contra los incendios forestales, y piden al Ejecutivo comunitario que fomente las buenas prácticas en la selección de proyectos, por ejemplo mediante el uso de mapas de riesgo actualizados, un criterio de cobertura geográfica y un criterio basado en el riesgo.
También instaron a la Comisión a utilizar la información disponible a nivel de la UE a través del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS), que hace un seguimiento semanal de las zonas quemadas y los incendios en todo el bloque, entre otros datos.
La plataforma muestra, por ejemplo, que más de 168.000 hectáreas han quedado reducidas a cenizas hasta el 10 de junio en toda la UE (casi el triple de lo quemado hasta esa fecha de media en el período 2006-2024) en unos 911 incendios, una cifra que también se ha multiplicado por 2,5.
El informe del TCE no examinó los fondos aportados a través de la función de respuesta o el Mecanismo de Protección Civil de la UE, que serán objeto de una futura auditoría. La Comisión, por ejemplo, ha financiado la adquisición de 12 aviones anfibios de extinción de incendios, que empezarán a funcionar en 2027, y también está asumiendo el coste del posicionamiento previo de bomberos en zonas de alto riesgo.