La protesta se produjo un día después de que el primer ministro de Perú, Gustavo Adrianzen, renunciara para evitar una inminente votación de censura en el Congreso. Su partida desencadenó la renuncia de todo el Gabinete, aunque la presidenta Dina Boluarte reorganizó rápidamente y reasignó a la mayoría de los ministros a nuevos puestos.
El líder sindical Julio Campos desestimó la reorganización del Gabinete como ineficaz, pidiendo en su lugar acciones reales contra el crimen. Según estadísticas oficiales, Perú enfrenta actualmente sus niveles más altos de asesinatos y extorsión desde 2017.
